14/04/15
En el marco del "Programa de
Abordaje de Situaciones Conflictivas en el Ámbito Escolar" que viene
desarrollando el SUTEBA desde la Secretaría de Derechos Humanos, la
Secretaría Gremial y la Secretaría de Salud ya se ha intervenido en
múltiples y diversas situaciones en las que los compañeros viven
situaciones de conflicto, violencia física, verbal o psicológica en el
ambito laboral.
Desde el SUTEBA trabajamos permanentemente por la
democratización de la escuela, la apertura con y hacia la comunidad y
la construcción de redes intersectoriales en los barrios, pero hay
situaciones extremas que constituyen un límite para todo trabajador y es
el hecho de ser víctima de violencia en su lugar de trabajo.
Es
a partir de este trabajo, sostenido desde la organización sindical, que
exigimos a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) que tome
MEDIDAS de RESGUARDO Y REPARACIÓN PÚBLICA hacia los trabajadores de la
Educación cuando atraviesan estas complejas situaciones. En este sentido
es que estamos presentando propuestas para un inmediato acuerdo
paritario.
Al referirnos a MEDIDAS DE RESGUARDO estamos
planteando que la DGCyE asuma la prevención de estas situaciones y el
resguardo de los derechos de los trabajadores antes, durante y después
de ocurridos los hechos; que se responsabilice de resguardar la
integridad física y psicológica del trabajador. Para ello es necesario
que se haga referencia en el Estatuto del Docente al "resguardo del
Trabajador de la Educación".
Sobre esto, Mónica Grandoli,
Secretaria de la Modalidad de Psicología de la Secretaría Gremial,
opinó: "En la Provincia de Buenos Aires contamos con una guía de
orientación para la actuación ante este tipo de conflictos que sugieren
intervenciones en estas situaciones pero no profundizan en la situación
de los docentes. Por eso, desde SUTEBA sostenemos que hay que atender su
situación como trabajador, abordar con qué figura se analiza el hecho,
analizar y pautar que licencia corresponde, ya que hoy no existe una
licencia específica para estos casos de violencia, así como tampoco está
pautado que la patronal, en este caso la DGCyE, se haga cargo del
tratamiento médico o psicológico que tenga que realizar el compañero, o
un asesoramiento jurídico". En ese sentido, criticó: "Actualmente la
DGCyE no se hace cargo de estas situaciones.
Asimismo, cuando se
denuncia a un Trabajador de la Educación por supuestos abusos en el
ámbito escolar y antes de la intervención y sentencia de la Justicia por
su inocencia o culpabilidad, los docentes atraviesan situaciones muy
complejas, sometidos a un pre juzgamiento social y sobreexposición
mediática (por la impunidad con la que los medios magnifican cualquier
noticia en sus pantallas sin importar los tiempos de la justicia)
provocando así daños psicológicos y sociales en el docente acusado, en
su familia, en los alumnos, en los demás docentes y perjudica a la
Institución. Por ello también planteamos ante la DGCyE la figura de
REPARACIÓN PÚBLICA cuando la Justicia dictamina la inocencia de los
docentes denunciados; esto significa que si hubo un acto de agravio
anticipado, tiene que haber un acto de reparación o desagravio, en el
que los equipos Directivos, las autoridades educativas distritales y/o
regionales difundan en la comunidad educativa lo dictaminado por la
Justicia.
Sobre esto, Patricia Romero Diaz, Subsecretaria de
Derechos Humanos, sostuvo: "Esto lo propusimos como SUTEBA y ya se hizo
el año pasado en el distrito de Ezeiza- E.Echeverría donde se dió
lectura ante la comunidad educativa del fallo de un juez y fue
absolutamente reparador para los docentes, sus compañeros de trabajo,
familia y la institución educativa." Asimismo, destacó: "Vamos a lograr
los acuerdos paritarios de "resguardo del Trabajador de la Educación"
como la "reparación pública" y constituirán herramientas que resguardan
la integridad de los/as trabajadores/as de la educación y reparación
social para ellos".
