Presentaron la propuesta integrantes del Consejo Ejecutivo Provincial, María Laura Torre Secretaria Gremial; Vilma Alvarado, Secretaria de Salud; Rosana Merlos, Secretaria de Derechos Humanos; Patricia Romero Díaz, Sub secretaria de DDHH; Sandra Ramal y Monica Grandoli secretarias de Superior y de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social respectivamente.
La misma fue recibida por el Vicepresidente del Consejo General de Educación, Claudio Crissio, el representante de SUTEBA en el Consejo Néstor Carasa, y estuvieron representadas diversas fuerzas políticas a través de los consejeros Jorgelina Fittipaldi, Mariel Urruti y Néstor Jano, como también las consejeras de la FEB, Graciela Salvador y Graciela Veneciano, quienes manifestaron unánimemente su apoyo a la propuesta presentada por SUTEBA y se comprometieron a trabajar para concretar estas medidas de Resguardo y Reparación Publica que consideramos representan un avance mas en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras de la educación que viven estas complejas situaciones.
Acompañaron la presentación Secretarios Generales de SUTEBA de distritos que atravesaron situaciones de violencia muy complicadas secundando a los docentes y a sus escuelas en cada territorio. José Luis Nogueira, Secretario General SUTEBA San Martín y 3 de Febrero, Fabiana Guerrero, Secretaria General SUTEBA Florencio Varela, Laura Auna, Secretaria General SUTEBA Avellaneda y Aníbal Balmaceda, Secretario General SUTEBA Esteban Echeverría-Ezeiza.
En su intervención Patricia Romero Díaz expresó: "Relevamos algunos aspectos que consideramos fundamentales como medidas de resguardo". Cabe destacar que este trabajo incluyó los aportes de todo el Equipo del Programa de Intervención en Situaciones de Conflicto del SUTEBA.
Las medidas exigidas se refieren a diferentes aspectos:
-En el plano Normativo
En la normativa actual "no existe la figura que defina los criterios a utilizar y cómo intervenir ante estas situaciones". Por lo tanto "Exigimos que haya una normativa clara que defina criterios y maneras de intervención con los compañeros que viven estas situaciones", señaló. Cuestionó, que "en lo referido a la normativa, siempre hay un manto de sospecha sobre los trabajadores.".
-En el Plano Jurídico, se solicitó que se "arbitren los medios que consideren pertinentes para que inmediatamente el docente afectado tenga un abogado que lo asesore, que lo acompañe y que lo patrocine".
-Salud
Respecto a la salud física y mental, Romero Díaz destacó que "si bien se logró la atención médica a través de la ART", se está solicitando "atención médica y psicológica todo el tiempo que cada situación lo requiera". Luego agregó que "en ocasiones son situaciones de daños psicológicos muy profundo, de gran angustia y sufrimiento para los trabajadores, sus familias y las escuelas de pertenencia.
-En relación a los medios de comunicación
En cuanto a la intervención de los medios de comunicación "lejos de atenuar o resolver estas situaciones, muchas veces las complejizan". "Esto genera en la comunidad unas actitudes de prejuzgamiento social, de estigmatización y de condena hacia ese trabajador. No sólo lastiman al trabajador, sino a su núcleo, a su familia y deterioran los vínculos escuela-comunidad, que son un pilar de nuestro trabajo pedagógico". Ante esta situación "exigimos la DGCyE que elaboren protocolos de intervención referidos a los medios de comunicación".
Desde el SUTEBA exigimos a la DGCyE que defina normativas y acciones de Resguardo y Reparación pública hacia los Trabajadores de la Educación y que se plasmen además en un acuerdo paritario.
